ORGULLOSO DE ESCRIBIR UN BLOG SOBRE EL TEA PARTY (III)

Y seguimos con el resumen de The Tea Party. Three Principles de Elizabeth Price Foley. Aún nos queda mucha tela que cortar. Es más trabajo del que me imaginaba porque el libro es tan bueno y está tan bien escrito que es imposible resumirlo en unas pocas líneas y casi estoy traduciéndolo. Ay, ay, ay, que aún me encontraré demandado por la editorial.

Tras el prefacio y el primer capítulo, vamos con el segundo, “Gobierno Limitado”.

La insistencia en un gobierno limitado es central en el movimiento Tea Party, tal y como expresa el texto del Contract from America, cuando dice que “restaurar un gobierno limitado consistente con el significado de la Constitución de los Estados Unidos”. La aplicación práctica más evidente de este principio la encontramos en la oposición del movimiento a los rescates y a la reforma sanitaria, aunque también la podemos encontrar en la exigencia del movimiento de que todas las leyes que apruebe el Congreso indiquen expresamente la fuente de su poder constitucional y una enmienda a la Constitución que obligue al gobierno federal a presentar presupuestos equilibrados, así como a restaurar el federalismo y a que los estados puedan vetar leyes federales.

Pero, ¿qué es realmente un gobierno limitado? La idea procede de la propia Constitución, que es única en el mundo en el sentido de relacionar una serie limitada de poderes a ejercer por el gobierno federal. Al contrario de lo que piensa mucha gente, el gobierno federal no puede hacer lo que quiera, sino sólo lo que la Constitución le permite. Eso es el gobierno limitado.

La idea en su momento de los Padres Fundadores fue la de evitar un poder ilimitado, tal y como era el del rey de Gran Bretaña o el del Parlamento británico, el famoso Leviatán de Thomas Hobbes. Y para ello no tuvieron empacho en ir a la guerra, defendiendo el punto de vista contrario a Hobbes, el de John Locke, que afirmaba que el gobierno no debía estar basado en la fuerza, sino en el consentimiento de los gobernados, que habían nacido con unos ciertos derechos inalienables por cualquier gobierno. La Declaración de Independencia es un fiel eco de esta opinión.

Como quiera que el gobierno sólo tenía unos pocos poderes que le cedían voluntariamente los gobernados, el gobierno resultaba ser uno del pueblo y para el pueblo. Y ese trato se cerraba legalmente en la Constitución.

Los Padres Fundadores eran pues conscientes de que había cuestiones que se podían resolver mejor a escala local y otras a escala nacional. Así, la Constitución otorgaba al gobierno federal una serie de poderes que se entendía perfectamente que era mejor considerar conjuntamente, los 13 estados a la vez  (por ejemplo, acuñar moneda, regular el comercio entre estados y con el extranjero, declarar la guerra y alistar y mantener un ejército). En todo lo que no se refiriera a estas cuestiones, tal y como ratificaba la Décima Enmienda, el poder “estaba reservado a los Estados respectivamente, o al Pueblo”.

Por eso eran “los Estados Unidos”, una unión de estados que sólo se unían realmente para esa serie de cuestiones enumeradas en la Constitución. Y sólo cuando se trataba de ellas, el poder del gobierno federal era supremo, pasando por encima de cualquiera de los estados, tal y como aseguraba la Cláusula de Supremacía del Artículo VI. Pero fuera de estas cuestiones, el poder era de los estados, algo que James Madison ya se preocupó en dejar meridianamente claro en El Federalista nº 45, cuando tocó esta cuestión.

El resultado de todo ello es una estructura de gobierno federal, única en el mundo, que dividía la soberanía verticalmente entre el gobierno federal y el de los estados. Y por más que la izquierda ahora pretenda que “federalismo” es sinónimo de “fascismo”, en realidad se trata de un concepto crítico para proteger la libertad individual. Y el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos así lo ha reconocido en los casos Nueva York v. Estados Unidos de 1992 y Bond v. Estados Unidos de 2011. Tan importante era esta cuestión que Madison retomó el asunto en El Federalista nº 51, asegurando que el federalismo era un doble seguro para los derechos del pueblo porque así el gobierno federal y los de los estados “se controlarán el uno al otro, al mismo tiempo que cada uno se controla a sí mismo”.

División vertical del poder, pero también horizontal al dividir a éste en tres ramas: Congreso (Artículo I), presidencia (Artículo II) y Tribunales de Justicia (Artículo III), y definir sus respectivos poderes.

El Congreso es el único poder que puede hacer leyes, por lo cual el Artículo I detalla qué tipo de leyes en concreto puede promulgar. Son de 18 tipos y cuando el Congreso aprueba una ley, ésta debe estar fundamentada en uno de estos 18 tipos; si no, esa ley es inconstitucional.

El Tea Party cree que esos 18 tipos deben ser tomados en serio y que si el Congreso no tiene el poder de hacer aprobar una ley, sin importar lo importante o lo bien intencionada que ésta pueda ser, pero lo hace, el poder judicial debe declararla inconstitucional rápidamente. Los principios, no la política, es lo que importa en esta cuestión.

Que el gobierno sea realmente limitado es una cuestión de los tres poderes y aunque todos reconocemos al poder judicial como el defensor final de la Constitución, tal y como se establece en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Marbury v. Madison de 1803, no todo el trabajo debe ser suyo. Hay que prever que el poder judicial pueda ser cogido a contrapié o que quiera hacerse el tonto. Esta posibilidad ya fue apuntada por los Padres Fundadores, especialmente por Thomas Jefferson, temiendo que llegara el día en que todo el poder de la nación acabara en manos del gobierno federal, dejando a los gobiernos de los estados sin nada. Si usted cree que eso es precisamente lo que el gobierno federal está haciendo y que además el poder de éste se está multiplicando por todas partes, entonces la conclusión está clara: la Constitución está siendo vulnerada. Y eso es lo que cree el Tea Party.

Para el Tea Party, la Constitución tiene tanta validez ahora como en 1789 y si alguien piensa que está obsoleta y que ya no cumple su cometido, que se acoja al mecanismo de enmienda establecido en el Artículo V de ésta. Es cierto que se trata de un procedimiento arduo, pero ésa fue precisamente la intención de los Padres Fundadores, que creían que la Constitución debía de estar libre de politiquerías y que sólo con una supermayoría podía una futura generación modificarla. El Tea Party considera pues que el gobierno federal sigue siendo limitado y debe ceñirse a los poderes que le otorga la Constitución, a menos que logre enmendarla siguiendo el procedimiento establecido.

En la actualidad, dicho principio encuentra su aplicación práctica en, por ejemplo, la oposición del Tea Party a los rescates, al déficit y a la propia Reserva Federal. El Contract from America instruye a los teapartiers a reclamar una enmienda constitucional que obligue al gobierno federal a presentar presupuestos equilibrados y con la exigencia de una mayoría de dos tercios para cualquier subida de impuestos. Con respecto a los rescates, el Tea Party opina que no sólo no se ha rescatado nada realmente, sino que lo único que se ha hecho ha sido empeorar una mala situación. En enero de 2011 una encuesta de Rasmussen revelaba que el 53% de los estadounidenses opinaban que los billones de dólares gastados en rescatar bancos, compañías automovilísticas, aseguradoras y financieras no habían servido para nada. Entre los teapartiers, esta opinión subía hasta el 87%.

Por lo que se refiere a la Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos, la oposición a su existencia por parte del Tea Party es compleja. Se centra en su dudosa constitucionalidad y su aún más dudosa utilidad. Para empezar, la Reserva Federal no se menciona en ninguna parte de la Constitución. Lo que sí se menciona es el poder del Congreso para acuñar moneda y regular el valor de la divisa nacional, pero no otorga al Congreso el poder para delegar ese poder a un banco central. La izquierda bien se ha preocupado en hacer pasar a quienes así opinan por locos de atar. Pero la oposición a dicha institución ya fue palmaria en los primeros tiempos de los Estados Unidos, cuando Thomas Jefferson, James Madison y Edmund Randolph insistieron en que la Constitución no permitía que el Congreso creara un banco central, ni siquiera echándole mucha imaginación a los 18 tipos de leyes que enumeraba como de su incumbencia.

Por el contrario, Alexander Hamilton opinaba que si bien no había un tipo único que lo permitiera, combinando un trozo de uno con un trozo de otro y aún de otro, el resultado era plenamente satisfactorio. El presidente Washington se dejó convencer finalmente por Hamilton y el primer banco nacional se hizo realidad. Más adelante, el Tribunal Supremo, dirigido por un partidario de Hamilton, John Marshall, sentenció que el banco central era constitucional en McCulloch v. Maryland de 1819. Fue la primera demostración de la voluntad del Tribunal Supremo de interpretar “elásticamente” la relación de poderes otorgados al gobierno federal por la Constitución, algo que Jefferson ya se temió en su momento.

Aún así, en 1830 el presidente Jackson vetó la renovación de la autorización del Congreso a la existencia de un banco nacional porque él sí que la creía inconstitucional y los Estados Unidos estuvieron sin banco central hasta 1913 en que la ley Glass-Owen creó finalmente la Reserva Federal.

Pero la cuestión de fondo que preocupa al Tea Party es cómo hay que interpretar los poderes otorgados al gobierno federal, si amplia o estrechamente. Sólo si se hace estrechamente se podrá preservar el principio del gobierno limitado, que no es en absoluto una idea de fachas tal y como pretende la izquierda.

Y ahora el campo de batalla a este respecto es Obamacare. Una ley que transfiere una enorme cantidad de poder al gobierno federal. Si el Tribunal Supremo avala la constitucionalidad de Obamacare, entonces no habrá nada que esté fuera del alcance del Congreso, hiriendo de muerte el concepto de gobierno limitado.

Es constante la oposición de la mayoría de los estadounidenses a Obamacare. Así, por ejemplo, en abril de 2010, una encuesta de Gallup revelaba que sólo un 12% de los estadounidenses creían que la reforma sanitaria era una buena cosa, mientras que el 87% creían que lo era mala. El senador Scott Brown fue el primer político en aprovechar esa oposición a Obamacare para lograr la victoria en las elecciones especiales al Senado por Massachusetts, logrando una rotunda victoria republicana en un feudo liberal desde tiempos inmemoriales.

De nuevo, la izquierda ha alegado que los que se oponen a Obamacare son racistas, comparándolos con quienes se oponían en 1964 a la Ley de Derechos Civiles. Incluso el propio presidente Obama lo ha hecho, tal y como demuestra la autora citando a éste, a Harry Reid y a otras personalidades. Evidentemente se trata de una estrategia para vincular ambas cosas: la oposición a Obamacare no es más que racismo. Pero se está repitiendo tanto que ya está aburriendo.

La verdad es que la oposición del Tea Party a Obamacare se sustenta únicamente en que se trata de una clara violación del principio constitucional del gobierno limitado. Aún peor, se trata de una reforma de algo que la mayoría de estadounidenses no creen que esté “roto” o al menos no tan roto como para necesitar que el gobierno federal se haga cargo de un 17% de la economía nacional, amplíe espectacularmente su poder, invada la soberanía de los estados y viole la libertad individual.

Contra lo que suele repetirse en los medios de comunicación, el sistema sanitario estadounidense es realmente bueno y lo es para la inmensa mayoría de la población. En noviembre de 2010, una encuesta de Gallup revelaba que el 88% de los estadounidenses con un seguro privado creían que la calidad del servicio que recibían era excelente (40%) o buena (48%). Y entre los estadounidenses sin seguro de ningún tipo, el 53% consideraban que la atención sanitaria que recibían era excelente (14%) o buena (39%).

Además de los seguros privados, existen varios programas gubernamentales que cubren a los ancianos (Medicare) y los pobres (Medicaid). De hecho, cualquier persona en los Estados Unidos, nacional o no, tiene garantizado el acceso a urgencias, sin que importe si la puede pagar o no, algo que está asegurado por ley (Emergency Medical Treatment and Labor Act).

De todos los estadounidenses que no están asegurados, la mayoría no lo están por voluntad propia, lo que significa que bien podrían tener un seguro del tipo que fuera, pero que sencillamente no lo quieren tener. El 38% de los no asegurados ganan más de 50.000 $ al año; el 39% son más jóvenes de los 25 años y el 25% no son ciudadanos estadounidenses. Es a ellos a quienes apunta el mandato individual. Obamacare hace que el mercado de la salud se encarezca substancialmente al impedir a las aseguradoras rechazar clientes con ciertas condiciones predeterminadas o cargar primas más altas a la gente ya enferma, algo que la administración Obama ha reconocido. La trampa consiste en que a menos que se obligue a toda la población a adquirir un seguro médico (o a pagar una multa), los ingresos serán insuficientes para sobrellevar los costes de asegurar a personas actualmente consideradas de alto riesgo o inasegurables.

Y es que la lógica del mandato individual es tan retorcida como sigue: hay que obligar a los jóvenes a que adquieran un producto privado, un seguro médico, para que tengan que gastar su dinero y así podamos subvencionar el coste de asegurar a los viejos y a los enfermos. Y ello a pesar de que los jóvenes, que generalmente están sanos, no quieran adquirirlo porque ésa es su decisión, prefiriendo gastar su dinero en otras cosas que valoran más.

El mandato individual obliga a las personas a hacer lo que quiere el gobierno, no lo que quieren esas personas. Y si hoy es un seguro médico, mañana podrá ser una casa, un coche o un tipo de comida. Nunca hasta ahora el gobierno federal había pretendido entrometerse en la libertad individual de adquirir o no los productos que prefiera.

Las implicaciones son tan tremendas que a pesar de lo que pudiera creer la administración Obama, la ira contra Obamacare no se aplaca y tan pronto como el presidente Obama firmó la ley, varios estados presentaron demandas contra ella, siendo representados por algunos de los mejores abogados constitucionalistas del país, que incluso han llegado a ofrecer sus servicios gratis. El más importante hasta ahora es el presentado por Florida, al que se han adherido un total de 26 estados más.

Por supuesto la izquierda ha cargado contra estas demandas y las ha tildado de frívolas. ¿Son realmente frívolas? Vamos a verlo. Las demandas se basan en tres cuestiones: 1) el mandato individual no está respaldado por el poder del Congreso a regular el comercio entre estados; 2) el mandato individual no está respaldado por el poder del Congreso a imponer impuestos; y 3) la expansión de Medicaid viola el principio de federalismo y la Décima Enmienda. Hay más, pero éstas son las principales.

Un inciso: ¿acaso no estamos ya obligados a contratar seguros todo el rato? Si compramos un coche, tenemos que contratar uno. Si pedimos una hipoteca, generalmente tendremos que contratar uno también. Si se toleran todos estos mandatos, ¿por qué no es tolerable el de Obamacare?

La respuesta de la autora se centra en que de todos estos mandatos mencionados, sólo uno es impuesto por el gobierno federal, el del automóvil. El de la hipoteca no está obligado por el gobierno, sino que es meramente una cláusula de un contrato privado entre el banco y usted, y las compañías privadas son libres de imponer las cláusulas que quieran a la hora de prestar sus servicios, siendo usted también libre de aceptarlas o no. Nadie le obliga a tener una hipoteca, así pues, dado que el gobierno federal aquí no se mete, no es una cuestión constitucional.

En el caso del seguro del automóvil, la fuente del mandato es el gobierno federal, no una compañía privada. Pero es que un seguro automovilístico no es comparable a un seguro médico. Por la razón de que quien obliga realmente a adquirir un seguro automovilístico es el estado, no el gobierno federal. Y el principio del gobierno limitado se aplica solamente al gobierno federal, no al de los estados. Los poderes de los estados son numerosos e indefinidos, así como los del gobierno federal son pocos y definidos. Entre esos poderes numerosos e indefinidos está el poder de policía, que permite a cualquier gobierno proteger la vida, libertad y propiedad de aquellos en su territorio. Y este es un poder del que el gobierno federal no goza porque no se enumera como tal en la Constitución.

Que los estados obliguen a adquirir un seguro automovilístico es la manera de los estados de proteger la vida y la propiedad de sus conciudadanos. Por el contrario, cuando Obamacare hace lo mismo con el seguro médico, lo hace sin tener ese poder. El gobierno federal no tiene un poder de policía. Es por ello que el estado de Massachusetts pudo imponer en su momento un mandato individual idéntico al de Obamacare sin que se levantara ningún clamor por su inconstitucionalidad. Porque Massachusetts como estado sí que tiene ese poder de policía.

Y si el gobierno federal no lo tiene, ¿qué le hace creer que sí? Pues desde su punto de vista, lo tiene porque así se lo otorga el poder de comercio (Artículo I, sección 8), que concede al Congreso el poder para “regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los distintos Estados y con las tribus indias”. En concreto, la administración Obama se acoge a que la compra de un seguro sanitario es una regulación del comercio interestatal, pretendiendo que la no adquisición de uno tiene un efecto substancial sobre el comercio y el mercado de seguros de salud. Eso, además de la cláusula que permite al Congreso a aprobar todas las leyes necesarias para cumplir sus objetivos, es la base del argumento de la administración Obama.

Para no dejar ningún cabo suelto, la autora menciona ahora el argumento utilizado por los defensores de Obamacare de que una ley que penalice a los ciudadanos por no hacer algo no es ninguna novedad, ya que quien no paga sus impuestos, por ejemplo, se ve sometido a una multa por su dejadez. Y es cierto, pero también es cierto que eso no tiene nada que ver en esta caso, ya que de lo que se trata, al fin y al cabo, es de si el gobierno federal tiene otorgado el poder para hacer lo que pretende. Y tanto da lo que pase en otros casos porque si no lo tiene, aquí termina la cuestión.

En el caso de los impuestos, la multa prevista es constitucional porque toda la legislación fiscal emanada del Congreso es constitucional, ya que entra dentro de uno de los tipos de leyes permitidos al Congreso, el de “imponer y recaudar impuestos”. Pero eso no convierte automáticamente a Obamacare en constitucional. Y la autora pasa entonces a estudiar en profundidad las bases de su defensa, que son el poder de comercio otorgado por la Constitución al Congreso, distinguiendo entre una “actividad económica” y una “actividad no económica que un efecto sustancial sobre el comercio” y analizando la cláusula de necesidad de la Constitución, y el poder de imponer impuestos otorgado también al Congreso por la Constitución. La discusión sobre estos aspectos es amplia, completa y convincente. Tan amplia y tan completa que me he visto imposibilitado de resumirla porque es una auténtica pieza de relojería en la que es imposible saltarse una pieza.

Finalmente, la autora trata el tema de la amenaza que supone Obamacare al federalismo estadounidense al estudiar un aspecto que no se suele mencionar cuando se discute sobre el tema, ya que siempre se centra todo en el mandato individual: la expansión de Medicaid, el seguro sanitario para los pobres.

Ésta es una de las partes más interesantes de la demanda presentada por los veintiséis estados que se han unido a Florida en su lucha contra Obamacare, ya que alegan que dicha expansión convierte a los estados en meros subordinados del gobierno federal. Y es que dicha expansión les pone en la tesitura de o embarcarse en una reforma carísima y compleja de Medicaid que no pueden permitirse o salir del programa, lo que dejaría a millones de estadounidenses sin seguro médico.

Para los que no sepan bien lo que es Medicaid, éste es un programa administrado conjuntamente por el gobierno federal y el de los estados. El gobierno federal establece los criterios básicos y los estados deciden si lo aplican o no y en qué extensión, ya que puede aplicarse parcialmente. Si lo aplican, el gobierno federal iguala el dinero que aporten los respectivos estados para su funcionamiento, yendo pues al 50% ambos gobiernos. Aún con la aportación federal, Medicaid es el mayor gasto de cualquier estado, llegando según qué estados hasta el 21% del total de su presupuesto.

Hasta ahora, la gestión diaria de Medicaid es de los estados, quienes deciden qué programas aplican, a quiénes, si mejoran las prestaciones establecidas, etc. Con Obamacare, todo esto cambia y es el gobierno federal quien dicta las reglas. Asi, exige que los estados cubran a toda persona por debajo de los 65 años cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 133% de lo que está establecido como el nivel federal de pobreza. Eso supone unos 20 millones de personas más en todo el país, un incremento del 30%.  El gobierno federal pagará el coste adicional inicialmente, pero esa aportación irá disminuyendo progresivamente en los siguientes años, obligando a los estados a hacerse cargo finalmente del total. Y para muchos estados, esa carga es sencillamente inasumible.

Otras provisiones alteran de tal modo el funcionamiento actual de Medicaid que, si finalmente un estado decide que no puede seguir asumiendo dicho programa, le permite retirarse de él, pero entonces será el gobierno federal quien se hará cargo de toda la gestión sanitaria en el territorio del estado.

Lo que está en juego aquí es el principio federalista. Un principio que establece que los estados no son una mera subdivisión geográfica de los Estados Unidos y que la administración estatal no es subsidiaria de la federal. Vamos, que los estados son soberanos. En consecuencia, el gobierno federal no puede obligarles a hacer lo que él quiera. Para ello, el gobierno federal debe actuar a través de sus propios medios y es por eso que existen jueces federales y jueces estatales y cuerpos de policía federales y cuerpos de policía estatales, por ejemplo.

La demanda de Florida establece que muchas de las provisiones de Obamacare competen a la administración estatal y que el gobierno federal simplemente se entromete en lo que no debe, poniéndoles en una situación a la que no pueden responder y que, de querer hacerlo, les obligaría a retirar fondos de otras partidas, como educación o seguridad.

Es cierto que Medicaid es un programa voluntario, pero los estados reconocen que en estos tiempos y tras décadas en la misma situación, hay tantos de sus conciudadanos dependientes de él que, si un estado decidiera retirarse, dejaría a todas esas personas sin recursos sanitarios, lo que convierte la opción de la retirada en una imposible.

Es cierto que el Tribunal Supremo estableció en South Dakota v. Dole en 1987 que, en algunas ocasiones es legítimo para el gobierno federal recurrir a un cierto grado de coacción para que los estados adopten alguna de sus disposiciones, pero siempre y cuando dicha coacción sea más retórica que real. En el caso mencionado, dicha coacción se refería a la pérdida del 5% de la inversión federal en autopistas si el estado no elevaba la edad legal para consumir alcohol hasta los 21 años, lo cual tampoco era la ruina y así lo reconocía el propio estado. En el caso de Obamacare, esta coacción es real y muy real, poniendo a los estados ante una disyuntiva a la que no pueden dar respuesta de ninguna manera.

Por fin, con todo esto, la autora confía en haber hecho entender a todo el mundo que la disputa sobre Obamacare en los tribunales es cualquier cosa menos “frívola” y que hay serias y legítimas cuestiones constitucionales involucradas que afectan al principio constitucional de gobierno limitado y que, caso de ser obviadas, lo convertirán en papel mojado. Y eso es lo que preocupa tanto a los teapartiers, que comprenden lo que está en juego. Nada de racismo pues, sino principios y libertad. Nada más y nada menos.

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